Los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe en 2026

Hoy vamos a explicar los cambios en 2026 en los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe. Estos cambios supondrán la creación de una nueva autoridad regional, más control y menos flexibilidad en los pasaportes CBI.

En el Caribe se está trabajando actualmente en una mayor centralización de los populares programas de ciudadanía por inversión. Se planea nada menos que una autoridad común que en el futuro establezca normas, supervise su cumplimiento y, en parte, armonice los programas de CBI (citizenship by Investment) participantes. Se prevén requisitos de residencia obligatorios, cuotas anuales de concesión y normas uniformes, todo ello con el pretexto de evitar abusos. Sin embargo, en realidad se trata de un control más estricto y de la eliminación de la flexibilidad que hasta ahora ha hecho que estos programas resulten interesantes para las personas que valoran la libertad. Nunca hemos recomendado realmente estos programas y, con la evolución actual, se vuelven aún menos atractivos.

Por otro lado, Vanuatu sigue tan interesante como siempre, la mayor parte del proceso se hace a distancia y únicamente habrá que pasarse por uno de los consulados de Dubái, Numea o Hong Kong. Además, Vanuatu está mejorando mucho en muchos aspectos y, a pesar de su volumen histórico, sigue siendo la segunda nacionalidad más rápida y sencilla de obtener.

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La oferta de programas de ciudadanía por inversión crece

La demanda de programas de ciudadanía por inversión nunca ha sido tan grande, no solo entre los inversores, sino también entre los gobiernos que ofrecen activamente estas soluciones. Porque con cada solicitud de CBI que se aprueba, una suma significativa va directamente a las arcas del Estado o a proyectos de desarrollo específicos del país. Es comprensible que este modelo tenga buena acogida en muchos países. En cualquier caso, esta interacción entre la oferta y la demanda ha dado lugar a un máximo histórico en la disponibilidad de programas, como hemos demostrado en nuestra comparación histórica.

Sin embargo, no todos los programas fueron interesantes desde el principio, muchos traían consigo sus deficiencias y problemas. Algunos modelos tuvieron que ser revisados o reposicionados para satisfacer las expectativas de los inversores. Como resultado, hoy en día existe una oferta mucho más diferenciada y competitiva. Pero incluso algunas de las ofertas que a primera vista parecían atractivas y que se recomendaban una y otra vez, finalmente no resistían un examen más detallado: tiempos de tramitación eternos, falta de reputación, pérdida del acceso a Schengen, mala aceptación por parte de los bancos, etc., son solo algunos de los aspectos que observamos en nuestro trabajo diario con los programas CBI.

Esto quedó y queda especialmente claro en el ejemplo de los pasaportes caribeños: estos programas, que en su día fueron el buque insignia del mercado CBI, quieren ahora establecer una autoridad supervisora central con nuevas normas potenciales y un nuevo borrador de acuerdo entre los «Caribbean Five». Esto afecta a Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

Nuevo acuerdo sobre los programas de ciudadanía por inversión del Caribe en fase de borrador con 92 artículos

El nuevo acuerdo de 92 artículos, aún en fase de borrador, para la creación de la «Eastern Caribbean Citizenship by Investment Regulatory Authority» (EC CIRA) representa el intento más ambicioso hasta la fecha de coordinar la supervisión regional de la CBI, tras años de presión internacional por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Supone un cambio profundo para los programas CBI de los países del Caribe Oriental. La iniciativa legislativa tiene por objeto dotar a los programas existentes, algunos de ellos muy diferentes entre sí, de una base uniforme, mucho más estricta y transparente. Como ya se ha dicho, con ello se cede principalmente a la presión de la UE y EE. UU., a quienes los programas les resultan molestos. Sin embargo, esto cambiará poco. Para EE. UU. siempre ha existido la obligación de obtener un visado, y para la UE pronto será también el caso debido a la preautorización ETIAS. Solo los ciudadanos nacidos en el país podrán viajar fácilmente a Schengen, los ciudadanos CBI serán ciudadanos de segunda clase y necesitarán un visado correspondiente. Es muy probable que estos cambios se produzcan en 2025.

Obligación de presencia en el nuevo país de residencia

Uno de los cambios más importantes es la duración obligatoria de la estancia: quienes obtengan un pasaporte en el marco de un programa CBI deberán pasar al menos 30 días físicamente en el país correspondiente durante los primeros cinco años tras la obtención de la ciudadanía, independientemente de si los días son consecutivos o no. De este modo, la práctica de que muchos nuevos ciudadanos nunca tengan que poner un pie en el país pasará definitivamente a ser cosa del pasado. Además, se introducirán medidas de integración, entre ellas entrevistas obligatorias y cursos de formación sobre el ordenamiento jurídico, la historia y los valores sociales del país en cuestión. Quienes no cumplan estas obligaciones se arriesgan a elevadas sanciones (hasta el 10 % del importe de la inversión) y, en casos extremos, a la retirada de la ciudadanía.

Una parte nada desdeñable del atractivo de un programa CBI radica precisamente en no estar obligado a vivir en un país extranjero ni a someterse a sus normas. Para muchas personas se trata de un respaldo, una opción para casos de emergencia, y no de someterse a nuevas obligaciones estatales, independientemente de su duración y alcance. Quien introduce obligaciones de presencia, de alguna manera devalúa el concepto de una segunda ciudadanía verdaderamente soberana. Esto devalúa aún más los pasaportes caribeños, que ya de por sí no son muy recomendables para nosotros. El constante seguimiento de los deseos de bloques «más poderosos» no resulta especialmente simpático. Preferimos un pequeño Estado como Vanuatu, que muestra abiertamente su rechazo a la UE, aunque esto suponga la pérdida de la libertad de viajar sin visado en el espacio Schengen.

Límites máximos para las nacionalidades concedidas

Además, se introducirán límites máximos para el número de nacionalidades concedidas anualmente: en el futuro, la nueva autoridad recomendará un valor máximo para cada país, que se basará en las normas internacionales, la demanda, los beneficios económicos y el potencial de riesgo. Con ello se pretende apartarse explícitamente de un modelo puramente cuantitativo para evitar un «exceso de oferta».

En realidad, los límites máximos no son más que una economía planificada para las nacionalidades. En lugar de dejar que el mercado decida cuánta demanda hay, se quiere crear una escasez artificial para mantener un supuesto control político. De este modo, la libertad se convierte en una mercancía cuya disponibilidad viene determinada por los órganos políticos. Una evolución que, sencillamente, hay que considerar con ojo crítico.

Creación de una nueva autoridad reguladora transnacional

Un elemento central de los nuevos planes es la creación de una autoridad reguladora transnacional, la EC CIRA. A partir de ahora, esta instancia supervisará todos los programas de los Estados participantes. Quiere imponer normas uniformes, controla regularmente las solicitudes, puede imponer sanciones y quiere garantizar la armonización de los procedimientos de diligencia debida. Un nuevo sistema de gestión de cuentas bloqueadas («escrow accounts») garantiza que no se pague ningún importe de inversión antes de que se hayan completado todas las verificaciones y se hayan cumplido todas las condiciones legales.

Paralelamente, se creará una base de datos regional con los datos de los solicitantes, que mostrará especialmente a los solicitantes rechazados o sospechosos para todos los países. También permitirá la reutilización de datos, por ejemplo, mediante biometría.

Los requisitos ampliados de diligencia debida también son especialmente delicados: el acuerdo prevé verificaciones de antecedentes enormemente exhaustivas, incluida la comparación con listas de vigilancia nacionales e internacionales, bases de datos sobre personas políticamente expuestas y listas de sanciones. Además, se evaluarán los registros penales de todos los países en los que el solicitante haya vivido o tenido la ciudadanía en los últimos diez años. De este modo, se establece de facto una investigación global que examina meticulosamente cada etapa de la vida privada y somete potencialmente a todos los solicitantes a una sospecha general.

Centralización de los programas CBI en el Caribe

Esta medida supone una ampliación masiva de la vigilancia estatal y una centralización de información sensible que, a largo plazo, no solo somete a todos los solicitantes a una sospecha generalizada, sino que también recopila tus datos sin motivo alguno. Para el solicitante, esto también suele suponer mayores costes y procedimientos más largos. Significa que tu vida se pone patas arriba, que se examina cada estancia, cada relación, cada domicilio anterior.

Sin embargo, una autoridad centralizada es siempre un instrumento para asegurar el poder. Como sabemos por experiencia, cuanto más se alejan las decisiones de los parlamentos o tribunales locales, menos control tienen las naciones y los ciudadanos sobre las normas que les afectan. Quien haya creado una vez una autoridad reguladora centralizada, pronto verá cómo surgen nuevas restricciones, tasas y prohibiciones sin un control (democrático) real.

Esto tiene consecuencias, especialmente para la oferta: cada vez que se unifican programas individuales, aunque solo sea en algunos aspectos marginales, se pierde diversidad y posibilidades de elección reales. Esto debilita considerablemente la oportunidad de diversificar de forma específica y elegir la opción más adecuada para cada uno. Quienes adquieren una segunda ciudadanía suelen hacerlo con objetivos muy individuales, ya sea para tener más libertad para viajar, por motivos fiscales o como plan B. Cuanto más se centralizan los programas, más difícil resulta encontrar soluciones a medida. Al final, siempre existe el riesgo —aunque, por supuesto, aún estamos muy lejos de ello— de que se imponga un modelo único, más adaptado a los compromisos políticos que a las necesidades y expectativas reales de los solicitantes.

Otras novedades son, además:

En el futuro, todos los agentes, corredores, promotores y desarrolladores de CBI solicitados y con licencia deberán presentar un certificado de precalificación de la EC CIRA.
Se definirán motivos de revocación uniformes y condiciones más estrictas para la devolución del pasaporte.
Los ciudadanos de otros países CBI cuya solicitud haya sido denegada en un país no podrán presentar una nueva solicitud en ningún otro país participante, salvo con el consentimiento expreso de la autoridad.

Más control externo en lugar de libertad de decisión nacional

El último punto, en particular, es muy preocupante para los futuros CBI del Caribe. Se prevé la norma de que los países no puedan aceptar, examinar o aprobar solicitudes si el solicitante ya ha sido rechazado en otro país participante. La única excepción es que la nueva autoridad central dé expresamente luz verde. De este modo, se crea de facto un derecho de veto regional que limita enormemente las consideraciones individuales a nivel local. Además, una base de datos centralizada de la CARICOM almacenará los datos biométricos y el historial de solicitudes de todos los solicitantes, lo que allana el camino para un aparato de vigilancia sin precedentes y vincula y hace accesible de forma permanente información personal sensible.

Todas estas reformas muestran que los Estados caribeños se están plegando de forma unánime a la creciente presión internacional y endureciendo sus programas de una manera que, al menos a largo plazo, disuadirá a los inversores. Con el pretexto de la lucha contra el blanqueo de capitales, la verificación de la identidad y las normas de calidad, lo que se está socavando aquí es, sobre todo, el atractivo como opción alternativa liberal. El objetivo es, aparentemente, hacer que los programas sean más restrictivos, burocráticos y controlables en todo momento por personas ajenas al sistema. Aunque las medidas anunciadas solo afectan por ahora a las nuevas solicitudes y aún no han sido ratificadas, marcan un peligroso cambio de rumbo hacia un mayor control estatal y una gestión centralizada. Los actuales titulares de pasaportes de estos países también deberían pensar en adónde puede llevar todo esto.

Vanuatu CBI sigue siendo la mejor opción, de lejos

Por el contrario, es alentador mirar hacia el Pacífico Sur. El programa de ciudadanía de Vanuatu, que recomendamos a menudo por diversas razones, se vuelve cada vez más atractivo sin que el país tenga que contribuir activamente a ello. Y con el ya mencionado aplazamiento de la biometría obligatoria sigue pudiéndose realizar el proceso de forma totalmente remota. E incluso cuando esto cambie, el trabajo de hacer una breve visita a la embajada para tomar las huellas dactilares no es comparable con los estrictos requisitos de los programas CBI del Caribe.

El CBI de Vanuatu sigue siendo una de las opciones más rápidas y sencillas del mundo a la hora de obtener un segundo pasaporte. Todo el proceso puede completarse en pocas semanas. Aquí puedes leer sobre nuestro propio ejemplo, solo tardamos cuatro semanas desde la presentación de la solicitud hasta la obtención del pasaporte, ya que, como siempre, no recomendamos nada que no hayamos probado nosotros mismos. Esta enorme rapidez es una de las mayores ventajas del programa. Los pasaportes caribeños pueden tardar fácilmente entre 12 y 18 meses, incluso con la antigua normativa anterior a las reformas de 2024.

Además de la rapidez, Vanuatu también destaca por sus requisitos de inversión relativamente moderados. Con una donación al fondo de desarrollo estatal, se puede adquirir la ciudadanía por una fracción del coste que se exige en otras jurisdicciones. Para una familia de hasta cuatro personas, el importe es de unos 170 000 dólares estadounidenses, un precio absolutamente competitivo en el mundo de los programas de naturalización legales y reconocidos, de los cuales 50 000 dólares son una inversión reembolsable al cabo de cuatro años.

Además, el pasaporte de Vanuatu ofrece una sólida exención de visado. Permite viajar sin visado o con visado a la llegada a más de 100 países, entre ellos el Reino Unido, Irlanda, Rusia, Hong Kong y Singapur. Es el pasaporte CBI ideal si también se trata de un plan B.

Por último, el proceso es muy discreto y fácil de planificar, sobre todo en comparación con el Caribe. No es necesario viajar personalmente a Vanuatu para solicitar u obtener la ciudadanía. Todo el proceso se puede realizar cómodamente desde el extranjero, lo que lo hace muy atractivo para muchos. A partir de octubre de 2025, solo será necesario proporcionar las huellas dactilares, ya que los pasaportes de Vanuatu serán biométricos, lo que aumentará aún más su valor en el futuro. Por el momento, esto solo será posible en persona en Dubái, Hong Kong y Numea (Nueva Caledonia) y requerirá un viaje al lugar. No habrá ninguna entrevista ni nada por el estilo, solo se tomarán las huellas dactilares. Pero, como ya se ha dicho, esto solo será así a partir de octubre de 2025.

En resumen, Vanuatu ofrece un programa de ciudadanía por inversión extremadamente rápido, jurídicamente seguro y relativamente asequible, que proporciona una solución flexible y sencilla para todos aquellos que desean ampliar su libertad de movimiento e independencia.

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Cambios 2026 en los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe